El acceso a los tratamientos para las parejas de mujeres

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Lola Gabaldón Madrid, 20/Junio/2012




Los derechos sociales constituyen los logros de una colectividad que, con muchos esfuerzos e incontables pérdidas por el camino, dignifican nuestro día a día. Precisamente de dignidad habla nuestra Constitución, en referencia al disfrute por parte de la ciudadanía de los derechos que le son inherentes y que suponen el libre desarrollo de su personalidad.



Sin embargo, en infinidad de ocasiones somos testigos de cómo nuestros derechos y nuestra dignidad -ésa que refrendan nuestras leyes, las que votaron los políticos que nosotros mismos elegimos gracias a nuestro sistema democrático- se ven mermados. Ocurre con pequeños -o grandes- detalles de nuestra vida y, en muchas ocasiones, nos empujan a levantar la voz y lanzar nuestra queja.



A continuación reproducimos la carta de protesta que nos ha hecho llegar una pareja de mujeres que están intentando acceder a un tratamiento de fertilidad a través de un seguro médico privado. Cuando son informadas de que las posibilidades de disfrutar del mismo son muy reducidas porque está destinado, principalmente, a parejas con "graves problemas de infertilidad", ambas se plantean si realmente su situación no conlleva dicho requisito.



Ésta podría ser una buena muestra de la situación de miles de parejas LGTB españolas, que ven pisoteados sus derechos por instituciones que juegan al escondite y se amparan en la burocracia y el vacío administrativo para eludir el cumplimiento de nuestras leyes.



Muchas veces me han preguntado amigos, compañeros e incluso familiares, si me he sentido discriminada por el hecho de compartir mi vida con una persona de mi mismo sexo. Y quizá seamos unas fortunadas, porque en más de 10 años que llevo con mi pareja, nunca (de verdad, nunca) hemos tenido ni el más mínimo problema ni con la gente que conocemos, ni con la que nos hemos ido encontrando por el camino.

Sin embargo, y no deja de ser paradójico, todo el respeto que nos ha mostrado la sociedad se ha convertido en absoluto desprecio por parte de las instituciones, administraciones públicas y asociaciones. Y nos las prometíamos felices cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual... Desde 2006, año en el que nos casamos, todo han sido trabas burocráticas a nuestro deseo de formar y vivir en familia.



El primer tropiezo fue precisamente a raíz de nuestra decisión de casarnos. Los gobernantes del PP del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial obligaron al concejal del PSOE que nos casó a modificar el artículo del Código Civil en el que se utilizaba la palabra matrimonio.



Después de la boda decidimos formar una familia. Nuestro médico de cabecera fue muy directo: el servicio de ginecología que nos correspondía no iba a aprobar el tratamiento a través de la Seguridad Social. En aquel entonces ya era mi mujer socia de la Asociación de la Prensa de Madrid, pero al exigir dos años de carencia para los tratamientos de fertilidad, iniciamos el tratamiento por lo privado. Después de varios intentos, por fin llegó el deseado embarazo y todo se complicó aún más...



Aunque en el hospital nos obligaron a firmar numerosos consentimientos informados por los cuales ambas aceptábamos el tratamiento como matrimonio y repartíamos la responsabilidad tanto del bebé como de los embriones que derivaron del tratamiento, una vez nació nuestra hija no fue suficiente con presentar el famoso papel amarillo del hospital para inscribirla en el registro civil.



Junto con el papel amarillo, tuvimos que presentar numerosa documentación, entre ella los consentimientos firmados por ambas del tratamiento, una carta del ginecólogo confirmando que la hija era fruto de un tratamiento de fertilidad y, ojo, hasta una declaración jurada y firmada por la secretaria judicial de los juzgados de Arganda del Rey que acreditaba que mi mujer (os recuerdo que ya estábamos casadas 3 años antes del embarazo) aceptaba la maternidad del bebé... ¿Alguien sabe de algún registro civil que solicite la prueba de paternidad en el caso de las parejas heterosexuales?



Una vez conseguimos juntar todos los papeles, nos dirigimos al Registro Civil de Rivas Vaciamadrid, localidad en la que residimos. Después de dos visitas, nos marchamos sin poder registrar a la niña porque... ¡Porque no sabían cómo se registraba a una niña con dos madres! Tuvimos que tirar de contactos para que alguien en el Registro Civil de Madrid se hiciera cargo de nuestro caso y nos registrara a la niña.



Dos años después, quisimos darle un hermanito a nuestra hija. Disponíamos de 5 embriones congelados que, os recordaré la memoria, nos habían hecho firmar que eran de las dos y que no se podían utilizar por parte de ninguna sin la autorización de la otra. Decidimos que, puesto que la primera niña la tuve yo, la segunda la tuviera mi pareja.



Una nueva sorpresa... El hospital no podía ponerle los embriones sin que la Comisión de Ética para temas de Fertilidad del Ministerio de Sanidad (entonces del PSOE) diera su autorización. Tardaron más de un año en darnos respuesta, y todo para decirnos que no, que no era ético que mi mujer usara nuestros embriones.



Comenzamos a buscar clínicas privadas que sí nos realizaran ese tratamiento. Algunas, como la Quirón de Madrid, llegaron a decirnos que los tratamientos de fertilidad no estaban para darle a mi mujer el capricho de ser madre y que había casos heterosexuales mucho más sangrantes que el nuestro que merecían mayor atención...



Finalmente, encontramos una clínica en Valencia que nos realizó el tratamiento en base a la interpretación de la propia ley que las otras clínicas esgrimían para no hacérnoslo. Desgraciadamente, el tratamiento no funcionó y perdimos los embriones congelados.



Y volvemos a la actualidad, cuando decidimos que sea yo la que, nuevamente, se someta a un tratamiento de fertilidad utilizando para ello el seguro médico de la Asociación de la Prensa que desde hace años venimos pagando. Y cuál es nuestra sorpresa cuando en el hospital nos dicen que no saben si la APM va a cubrir el tratamiento, puesto que sólo cubre aquellos con problemas de fertilidad: los de los heterosexuales.



A partir de ahí hemos montado un pequeño revuelo en Twitter, que somos conscientes que no nos servirá de gran cosa, puesto que la APM en sus respuestas no ha mostrado el más mínimo interés en recular en su postura homófoba. Alegan que ellos ofrecen un servicio médico que depende de los servicios médicos públicos de la Comunidad de Madrid y que aplican sus pautas. Ante nuestra afirmación de que conocemos casos de matrimonios de mujeres que han accedido por la vía pública a tratamientos de fertilidad, la APM da la callada por respuesta...



Tenemos amigos de derechas, de izquierdas, progres, carcas, modernos, anticuados, jóvenes, viejos... Y siempre nos hemos sentido respetadas y queridas por todos ellos. Ahora sólo nos hace falta que las instituciones se pongan a la altura de una sociedad que le lleva 100 años de adelanto en derechos sociales.



¿Querrá dar el primer paso la APM?



Sara de la Torre (@saradelatorre)